El Consorcio de la Vivienda de Barcelona y el Colegio de la Abogacía firman un convenio para derivar casos de alquiler al Centro ADR y resolverlos sin juzgado. El primer año se destinan 70.000 euros.
El Consorcio de la Vivienda de Barcelona (CHB) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han firmado un convenio para ofrecer vías alternativas de resolución de conflictos a personas y hogares con dificultades para acceder o mantener una vivienda. El acuerdo, según publica el Ayuntamiento de Barcelona, desarrolla el programa MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), una metodología que busca resolver disputas sin abrir un procedimiento judicial.
El convenio responde a los nuevos requerimientos de la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que fomenta el uso de los MASC antes de acudir a los tribunales en determinados conflictos civiles. El CHB aportará 70.000 euros durante el primer año de vigencia, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.
El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha declarado:
En un contexto de crisis habitacional este convenio busca acompañar de todas las maneras posibles a las personas que puedan estar en una situación de dificultad en materia de vivienda con el objetivo final de que, siempre que sea posible, puedan quedarse en el piso donde viven sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial.
Por parte del ICAB, el secretario y responsable del Centro ADR, Carles Garcia Roqueta, ha señalado:
La importancia de que la abogacía mediadora pueda estar presente en la resolución de conflictos sobre vivienda.
El procedimiento prevé que los casos detectados por los servicios de asesoramiento jurídico de las Oficinas de Vivienda de Barcelona se deriven al Centro ADR del ICAB, que verificará la admisibilidad de cada expediente y designará a una persona mediadora o conciliadora especializada. El centro garantiza la imparcialidad, la independencia y la confidencialidad del proceso, y hará seguimiento de los acuerdos alcanzados hasta su cierre.
La iniciativa complementa el convenio firmado en enero entre el CHB y el ICAB para extender el servicio de orientación jurídica en materia de vivienda a todas las oficinas de la ciudad, que hasta entonces solo funcionaba en la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella.
La medida se enmarca en el Pla Viure, la estrategia municipal para aumentar el parque público, incrementar el alquiler asequible, rehabilitar viviendas y ayudar a los vecinos con ingresos bajos a mantenerse en su casa. El programa nace del trabajo de la mesa de inquilinas del distrito del Eixample, que analiza de forma periódica los conflictos entre arrendatarios y grandes tenedores, con especial atención a los fondos de inversión.
Los vecinos que necesiten este servicio pueden acudir a las Oficinas de Vivienda de Barcelona, donde los servicios de asesoramiento jurídico valorarán si su caso puede derivarse al Centro ADR del ICAB.
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