El Síndic de Greuges de Barcelona reclama suspender el desalojo del asentamiento de la calle Gran de la Sagrera hasta garantizar realojo a sus 66 residentes.
El Síndic de Greuges de Barcelona ha pedido al Ayuntamiento que no ejecute el desalojo del asentamiento de la calle Gran de la Sagrera hasta que no se garanticen alternativas residenciales “adecuadas, estables y suficientes” para las cerca de 66 personas que viven allí. La institución, que actúa como defensora de los derechos de los ciudadanos, considera que por ahora no existen garantías de que esas alternativas estén disponibles para todos los afectados.
La Sindicatura inició esta actuación de oficio en abril de 2026, tras conocer por Amnistía Internacional y Amics del Moviment del Quart Món el “inminente” desalojo del asentamiento, según publica elperiodico.com.
En el asentamiento viven menores, mujeres, personas con problemas de salud y personas en situación administrativa irregular, así como personas con una larga trayectoria de vida en Barcelona y su área metropolitana. La Sindicatura alerta de que muchos de ellos participan en procesos de inclusión social, seguimiento profesional y acompañamiento especializado en salud, educación, asesoramiento jurídico o inserción social.
Un desalojo sin alternativa residencial podría interrumpir esos procesos, dificultar el acceso a servicios esenciales y debilitar los vínculos sociales y comunitarios consolidados durante años. Hasta ahora, las principales alternativas ofrecidas se centran en recursos temporales de emergencia, que, según la Sindicatura, no permiten considerar garantizado un realojo adecuado.
La institución reconoce las deficiencias de seguridad, salubridad y habitabilidad recogidas en los informes municipales, pero considera que el caso no puede tratarse solo como una cuestión urbanística o patrimonial. También afecta a derechos como la vivienda, la salud, la educación, la dignidad y la inclusión social. Las actuaciones centradas únicamente en la desaparición física de los asentamientos, sin ofrecer alternativas suficientes, no resuelven las causas de la exclusión residencial y pueden reproducir el problema en otros puntos de la ciudad.
Ante la presencia de menores, la Sindicatura pide valorar específicamente el impacto de cualquier actuación sobre su escolarización, salud, estabilidad residencial y desarrollo personal. Recuerda que el derecho a la vivienda y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los desalojos deben ser excepcionales y que las administraciones deben evitar generar nuevas situaciones de sinhogarismo.
Más allá de este caso, la institución reclama reforzar las políticas públicas de prevención y erradicación del sinhogarismo y la exclusión residencial severa en Barcelona.
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