El presidente de Saba Infraestructuras, Salvador Alemany, plantea un sistema de peajes que lea matrículas y aplique tarifas según los kilómetros recorridos y el impacto ambiental. La propuesta incluye una agencia estatal de movilidad y excluye los costes de construcción de las tarifas.
El presidente de Saba Infraestructuras, Salvador Alemany, ha propuesto crear un sistema de peajes que lea automáticamente las matrículas y aplique tarifas unificadas en toda España en función del tipo de vehículo, los kilómetros recorridos y el impacto sobre el medio ambiente y la vía. Lo ha dicho este miércoles en la sede del Colegio de Economistas de Cataluña, según publica elperiodico.com.
El sistema se basa en los principios "quien utiliza la vía la paga" y "quien contamina paga", alineados con las directrices de la Unión Europea para hacer sostenibles las infraestructuras viarias. Alemany ha explicado que los costes de construcción de nuevas vías o de grandes transformaciones de las existentes deberían excluirse de las tarifas y cubrirse con presupuestos públicos, lo que reduciría los pagos respecto a los antiguos peajes.
El objetivo es que el sistema "tienda al equilibrio", de modo que los ingresos de un ejercicio cubran los costes de conservación del conjunto de la red. Según los datos expuestos por Alemany, las vías de alta capacidad del Estado tienen un coste medio de entre 110.000 y 125.000 euros anuales por kilómetro, lo que supone más de 2.000 millones de euros al año en gastos de conservación.
La gratuidad en sí misma no elimina el coste de la infraestructura, la pagará uno u otro
Alemany ha advertido de que mantener la gratuidad de las autovías obliga a cubrir los costes con dinero de los contribuyentes o a trasladar estos gastos al futuro, lo que considera insostenible. También ha señalado que el nuevo sistema podría eliminar la diferenciación entre autovías y autopistas, porque todas las vías podrían incluirse sin necesidad de las barreras físicas de los peajes tradicionales.
En paralelo, ha propuesto la creación de una agencia estatal de movilidad que se encargue de conservar las vías reguladas con los ingresos finalistas del nuevo sistema. Para ponerlo en marcha, ha reclamado un amplio consenso y la aprobación de una ley para no depender de decisiones políticas coyunturales. Como primer paso, ha planteado crear un grupo de trabajo que estudie alternativas para un nuevo sistema tarifario unificado.
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