El Ayuntamiento de Badia del Vallès ha presentado alegaciones para salir de la zona de mercado residencial tensionado y que los 1.216 pisos que aún son VPO pasen al mercado libre. La medida afecta a propietarios que no pueden vender o alquilar sin las limitaciones de la protección oficial.
El Ayuntamiento de Badia del Vallès ha presentado alegaciones contra la decisión de la Generalitat de mantener el municipio como zona de mercado residencial tensionado, una figura que permite aplicar medidas para contener los precios del alquiler. El consistorio reclama salir de esta clasificación para que las 1.216 viviendas que todavía están sujetas a protección oficial (VPO) puedan pasar al mercado libre, según ha avanzado El Periódico.
La petición llega medio siglo después de la construcción de la ciudad, que nació en 1975 como una gran operación residencial para acoger a funcionarios y familias trabajadoras llegadas de distintos puntos de España. En total se levantaron alrededor de 5.400 viviendas, todas bajo régimen de protección oficial, lo que convirtió a Badia en el único municipio de España con el 100% de sus pisos en VPO.
Las viviendas tenían una fecha de caducidad como protegidas: a los 50 años debían poder pasar al mercado libre. Así ocurrió en 2023 con 4.156 pisos de la primera promoción. La segunda tanda, formada por los 1.216 pisos calificados en 1976, debía seguir el mismo camino este año, pero la declaración de zona tensionada en 2024 y la normativa posterior han prorrogado su condición de VPO mientras siga vigente esa declaración.
El consistorio sostiene que la Generalitat no debería prorrogar automáticamente la declaración, sino estudiar si continúan dándose las circunstancias que la motivaron. La reclamación pone sobre la mesa una pregunta que circula entre los bloques: por qué unos vecinos pueden vender o alquilar en el mercado libre y otros, a pocos metros, siguen sujetos a las limitaciones de la protección oficial. En menos de un kilómetro cuadrado conviven propietarios en situaciones legales muy distintas.
Badia acumula otras singularidades. El amianto, material tóxico que se dejó de comercializar en 2002, se utilizó de forma generalizada en sus edificios. Un mapa elaborado para abordar el problema constató que el 100% de los edificios privados de la ciudad se construyeron con elementos visibles de este material, una problemática que no se repite con esta dimensión en ningún otro municipio del Estado.
La decisión sobre las alegaciones corresponde ahora a la Generalitat, que debe resolver si mantiene o retira la clasificación de zona tensionada. Mientras tanto, los propietarios de los 1.216 pisos afectados siguen sin poder vender o alquilar sus viviendas en el mercado libre.
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