El pleno del Ayuntamiento del Prat aprueba una declaración institucional contra la ampliación del aeropuerto con los votos de El Prat en Comú, ERC, PP y Estimem el Prat-Junts. El texto exige destinar esa inversión a la red de Rodalies y otros servicios públicos.
El pleno del Ayuntamiento del Prat de Llobregat ha aprobado una declaración institucional para reiterar su rechazo a cualquier ampliación del aeropuerto. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de El Prat en Comú, ERC, PP y Estimem el Prat-Junts, los votos en contra de PSC y Vox y la abstención de Jóvenes y Pensionistas, según publica elprat.cat.
El texto reclama un modelo aeroportuario y de movilidad más equilibrado y sostenible, y exige que la inversión prevista se destine a la red de Rodalies y a otros servicios públicos básicos. La declaración llega después de que el Gobierno central tramitara el pasado 15 de septiembre en el Consejo de Ministros el DORA III, el Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria, que fija las inversiones en los aeropuertos españoles para el periodo 2027-2031.
Ese plan contempla recursos para trabajos previos relacionados con una posible ampliación, pero no incluye inversiones para ejecutarla en ese periodo, por lo que la actuación quedaría pospuesta más allá de 2031. La declaración compromete a los grupos que la apoyan a seguir trabajando para evitar la ampliación y a establecer alianzas con entidades, administraciones y otros actores para impulsar actuaciones políticas, mediáticas y jurídicas en defensa del territorio.
El texto también advierte de que la Unión Europea no estudiará nuevas propuestas de ampliación mientras no se cumplan sus demandas para reforzar la protección del Delta del Llobregat, y menciona una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de 2022 sobre la posición de la ciudadanía ante una posible ampliación.
No defallemos en seguir explicando nuestros argumentos. Cada día que pasa tenemos más y más estudiados», ha dicho la alcaldesa Alba Bou Jordà.
Bou Jordà ha añadido que la propuesta de ampliación tiene «muchos altavoces, la mayoría muy poderosos, empresas que tienen muchos dinero a ganar, pero estos no deberían ser los argumentos para ser favorables». La alcaldesa ha defendido que el crecimiento de las ciudades es complejo, más en el caso del Prat por las infraestructuras que lo rodean, y ha advertido de que la decisión que se tome ahora puede significar «perder una ciudad tan bonita como la que tenemos». «Esto no acaba aquí, y continuaremos hablando próximamente de este proyecto», ha cerrado.
El pleno de septiembre también ha aprobado una moratoria de un año para la tramitación de nuevos espacios residenciales de alojamiento temporal en el núcleo urbano, en concreto los regulados por el Plan General Metropolitano de 1976. Las zonas del ARE Eixample Sur, la estación de Rodalies y Urgoiti y el futuro barrio de Seda-Paperera ya incluyen la regulación y restricción de usos turísticos y de alojamiento temporal. El objetivo es disponer de un periodo de estudio para analizar cómo el aumento de hoteles y alojamientos turísticos puede afectar al alojamiento habitual y permanente de los vecinos y a la configuración de los barrios.
Durante este año se hará un estudio de la incidencia de estos alojamientos que permita determinar las medidas urbanísticas necesarias para garantizar que el suelo residencial disponible se destine a viviendas principales y establecer las condiciones de implantación de los alojamientos temporales. La moratoria no afecta a las licencias de obras o actividades solicitadas antes de este trámite: ahora mismo está prevista la construcción de dos hoteles, otros cuatro han obtenido licencia y hay un edificio de apartamentos turísticos.
La ciudad ya reguló en 2018 los pisos turísticos para defender el alquiler residencial y la convivencia. Por eso ahora solo 19 pisos tienen licencia y, con la última modificación de la normativa, no la mantendrán más allá de 2028.
El pleno también ha aprobado el convenio con la Agencia Tributaria de Cataluña que permitirá la recaudación y gestión del recargo municipal sobre el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET), adicional al importe turístico de la Generalitat. En la sesión ordinaria del pleno de junio, a raíz del cambio legislativo, esta cifra se fijó en 2,40 euros por persona en los hoteles de 4 estrellas, con aplicación progresiva, y 1 euro en los albergues de juventud.
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